La legisladora local de Sinaloa, Paola Gárate, negó categóricamente las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional (SDN), Ricardo Trevilla Trejo, quien aseguró que la diputada no había presentado denuncia formal por las amenazas que recibió recientemente. Gárate subrayó que acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir declaración y levantar la denuncia en menos de 24 horas desde que ocurrieron los hechos.

Durante una conferencia matutina, Trevilla Trejo explicó que las solicitudes de protección ciudadana son canalizadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que la Guardia Nacional evalúa el riesgo para definir si procede otorgar escoltas o vigilancia. Resaltó también que se mantenía comunicación con Gárate y le recomendaron presentar la denuncia formal, apuntando que hasta ese momento no lo había hecho.

Frente a estas afirmaciones, la diputada publicó en la red social X que la información difundida por el SDN era incorrecta y manifestó su preocupación por la falta de datos precisos en un tema sensible. Rechazó que las medidas de protección ofrecidas se limiten exclusivamente a actos oficiales, ya que su función política implica actividades continuas en colonias y comunidades donde enfrenta riesgos reales.

Además, recordó que ha sido víctima de varios episodios de violencia a lo largo de los últimos años. Destacó que durante el proceso electoral de 2021 fue privada ilegalmente de su libertad y que en octubre del año pasado recibió amenazas directas con arma de fuego apuntándole a la cabeza. A estas experiencias se suma la reciente entrega de una corona fúnebre en su domicilio, un acto intimidatorio que denuncia públicamente.

La diputada ha solicitado protección en múltiples ocasiones ante distintas instancias, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, y cuestionó qué criterios emplean las autoridades para decidir cuándo brindar resguardo efectivo. También puso en contraste que figuras como el exgobernador Rubén Rocha Moya y su familia cuentan con protección oficial, mientras que otros ciudadanos amenazados no reciben medidas similares.