Las personas detenidas en los centros de detención migratoria administrados por ICE dejarán de recibir cualquier tipo de pago por su trabajo, según un documento reciente que responde a una petición de un contratista privado. Este cambio implica que los detenidos ya no serán reconocidos como empleados y, por lo tanto, no tendrán derecho ni al pago simbólico de un dólar ni a beneficios laborales.
Este ajuste se da en medio de un litigio que cuestiona las condiciones laborales y los pagos irrisorios que recibían los migrantes mientras estaban en custodia. La resolución establece que los detenidos no cuentan con protección bajo las leyes laborales nacionales ni estatales y podrán ser exigidos para realizar tareas sin ninguna compensación económica.
Esta modificación impacta directamente las políticas de remuneración interna en los centros de detención, donde antes se entregaba un pago mínimo por actividades realizadas dentro de la instalación. La medida responde a la influencia de un contratista privado que gestiona operaciones dentro de estos centros y que pidió formalmente terminar con esos pagos.
El escenario legal actual enfrenta reclamaciones sobre los derechos laborales de los migrantes detenidos, un tema sensible en el debate sobre el trato que reciben los centros de detención. El cambio afecta a quienes participan en actividades internas, como limpieza o mantenimiento, eliminando cualquier incentivo o compensación que antes se consideraba un reconocimiento limitado a su colaboración.