El Tribunal Federal de Justicia Administrativa enfrentará nuevas reglas que buscan reducir la lentitud y la burocracia en sus procedimientos. La reciente reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo estableció plazos precisos para resolver demandas y promociones durante el proceso, con el fin de evitar largos tiempos de espera que afectan a los ciudadanos y empresas.

Uno de los cambios más destacados es que la magistratura deberá decidir si admite o rechaza una demanda en un plazo máximo de cinco días tras su presentación. Además, muchas promociones o solicitudes interpuestas durante el juicio deberán resolverse también en un máximo de cinco días, dotando a los expedientes de un cronómetro que antes no existía formalmente en la ley.

Este mecanismo pretende acabar con la incertidumbre que genera el rezago administrativo, donde con frecuencia los procesos parecen estancarse sin respuestas claras. Además, la reforma fortalece las medidas cautelares, permitiendo suspender actos administrativos que podrían ocasionar daños irreparables, como el cierre indefinido de un negocio, mientras se resuelve el juicio.

La implementación de herramientas digitales también forma parte del nuevo marco legal, promoviendo la consolidación de procesos en línea. Esto facilita el acceso a la justicia, especialmente para personas que se encuentran lejos de las sedes judiciales, y reduce costos logísticos, aunque el expediente físico sigue siendo una opción para algunos usuarios.

Por otra parte, la actualización legislativa incluye modificaciones para usar un lenguaje más inclusivo, reemplazando términos tradicionales por otros que reflejan igualdad de género y mejores técnicas normativas. Aunque estos cambios no alteran el fondo de los procedimientos, representan una modernización en el trato jurídico.

Si bien la norma fija plazos claros y promueve la digitalización, la reforma no garantiza por sí sola una justicia rápida y eficiente. El avance dependerá de que las instituciones adopten una verdadera cultura de servicio público y mejoren sus capacidades operativas para cumplir con los nuevos tiempos establecidos.