El reciente fallo judicial que ordena la absolución inmediata de Miguel Ángel Lützow Steiner desvela la profundidad de la crisis institucional en San Luis Potosí, donde la justicia se instrumentalizó para ejecutar ajustes de cuentas políticos. Ex secretario de Salud estatal, Lützow enfrentó un proceso penal basado en acusaciones sin sustento probado, cuyo objetivo no fue la verdad ni la justicia, sino crear un espectáculo de castigo ejemplar.

Esta situación se inscribe en un contexto donde la administración estatal denunció en su inicio un supuesto desfalco millonario en los Servicios de Salud, que se utilizó como pretexto para emprender una campaña de persecución contra figuras vinculadas a la gestión anterior. La narrativa oficial de la «herencia maldita» funcionó como un recurso para distraer la atención y justificar la acción punitiva sin rigurosidad legal.

El proceso contra Lützow mostró las falencias y la mala fe de la Fiscalía General del Estado, que recurrió a testimonios contradichos y testimonios fabricados, evidenciando la intención de condenar más allá de la evidencia. La justicia local ignoró además instrucciones de tribunales federales para prolongar ilegítimamente la prisión del exfuncionario, agravando la vulneración de sus derechos.

En contraste, la administración logró condenas firmes contra otros actores de la misma área, como la ex secretaria de Salud y ex candidata a gobernadora, que se declaró culpable y obtuvo sanciones económicas, y la empresa proveedora involucrada, de la cual se recuperaron recursos por montos mayores. Sin embargo, con Lützow no pudieron mantener esa estrategia debido a su negativa a asumir una culpabilidad injusta.

Tras casi cinco años de un proceso que más parece un ajuste político disfrazado de justicia, la absolución de Lützow por parte de un tribunal federal rompe el relato oficial y pone en jaque la legitimidad del sistema local. La recuperación de los supuestos recursos desviados es mínima, sin transparencia sobre su destino, lo que evidencia un ejercicio del poder judicial como garrote más que como instrumento de justicia.