La Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que todavía no ha recibido pruebas suficientes de Estados Unidos para avanzar con la orden de detención contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, implicado en acusaciones relacionadas con el narcotráfico. El Fiscal Especializado de Control Regional, David Boone, señaló que la documentación remitida no cumple con el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana.
En seguimiento a estas acusaciones, el Ministerio Público mexicano ya entrevistó al gobernador y a otros funcionarios señalados, entre ellos un senador federal y el alcalde de Culiacán. El Gobierno estadounidense acusa a estos políticos de recibir sobornos del cartel de Los Chapitos, una facción del Cartel de Sinaloa, para favorecer intereses ilícitos y les atribuye delitos vinculados con narcotráfico y posesión ilegal de armas.
La fiscal general Ernestina Godoy indicó que la autoridad estadounidense solicitó justificar con mayor claridad la urgencia de detener a los involucrados, dos de los cuales ya se entregaron voluntariamente a la justicia de EE. UU. Por ahora, México mantiene la investigación exclusivamente sobre los delitos señalados desde el exterior, sin extender el expediente a otros posibles cargos.
Ante esta situación, el gobernador Rocha Moya se separó temporalmente del cargo para enfrentar las acusaciones, al igual que otros funcionarios involucrados. Mientras tanto, el Ejecutivo federal rechaza cumplir con la orden de extradición hasta que Washington presente pruebas más contundentes que respalden la solicitud, alineándose con el criterio de la Fiscalía mexicana.