La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está en la fase final para decidir si concede la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al megaproyecto Perfect Day México, promovido por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo. Esta resolución será clave para determinar el futuro de una extensa área natural que abarca hasta 90 hectáreas de selva y humedales, actualmente en medio de un conflicto ambiental y social.
El proyecto contempla la construcción de un parque acuático de gran escala que, de aprobarse, implicaría la desaparición parcial de corredores biológicos esenciales, fragmentando la conectividad entre la selva y los manglares. Esta zona alberga más de 300 especies de fauna registradas por organizaciones ambientales, de las cuales 45 están bajo protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010. Entre ellas se encuentran el jaguar, el ocelote, el mono araña y tres tipos de tortugas marinas: blanca, caguama y carey.
Las discrepancias surgen porque el estudio inicial de la empresa identificó únicamente 39 especies, lo que limita la evaluación del impacto real. Además, la afectación a la vegetación incluiría la eliminación de manglares rojos, blancos y botoncillo, todos listados como especies amenazadas. Por si fuera poco, grupos locales como DMAS A. C. advierten que la infraestructura municipal para drenaje y gestión de residuos no está preparada para la presión que supondrá la operación del parque, que podría atraer a miles de visitantes diariamente y afectar la salud del segundo arrecife de coral más grande del mundo.
Ante estas críticas, Royal Caribbean ha planteado la instalación de sistemas de mitigación ambiental que incluyen una planta de manejo de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales y una planta de ósmosis inversa. También propone un programa específico para la protección de tortugas marinas, que contempla el monitoreo continuo de playas y la reubicación de nidos para minimizar impactos directos a estas especies.
Actualmente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) mantiene una clausura preventiva sobre el terreno para impedir la construcción antes de que se emita una resolución definitiva. De no otorgarse la MIA, SEMARNAT podría requerir un rediseño total del proyecto o rechazarlo por completo, lo que implica un escenario incierto para sus promotores. En caso de ser avalado, se estimaría que el parque comience operaciones alrededor de 2027.