Zacatecas se ha consolidado como la entidad que más frijol acopia en México, concentrando el 56.4% del volumen nacional de este ciclo, con cerca de 98 mil toneladas adquiridas directamente a pequeños productores. Esta acción, impulsada por el gobierno federal a través de la empresa estatal Alimentación para el Bienestar, representa una inversión social histórica superior a los 2 mil 640 millones de pesos.
Además, recientemente se emitieron nuevas Reglas de Operación para el acopio, permitiendo un aumento de hasta 10 mil toneladas en la entidad, especialmente para frijol negro y pinto, con un precio estipulado de 16 mil pesos por tonelada. Bajo este esquema ya se atiende a más de mil 500 productores, con más de 7 mil toneladas en proceso de compra. Este mecanismo busca asegurar que los recursos lleguen de forma directa, sin intermediarios ni actores políticos que antes solían intervenir en la cadena de apoyo al campo.
El gobierno estatal ha acompañado esta estrategia mediante la presencia en centros de acopio, garantizando transparencia y equidad en la entrega del apoyo. Aun así, persiste un grupo de productores que rechaza el nuevo precio y exige mantener el anterior, fijado en 27 mil pesos por tonelada, lo cual no está contemplado en las normativas vigentes y afectaría la igualdad bajo la cual se atienden miles de campesinos en el país.
El programa ha beneficiado también a productores vinculados con grupos que actualmente realizan manifestaciones en Zacatecas. Hasta ahora, 441 de estos productores han recibido apoyos por casi 2 mil toneladas al precio previo, lo que implica una inversión social cercana a los 53 millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que el proceso elimina la intermediación política y garantiza que los apoyos lleguen directamente a las manos de pequeños productores, sin gestores ni actores con intereses personales. Este modelo pone fin a prácticas que desviaban recursos justos para el campo y privilegia la transparencia y la justicia en los apoyos.
El gobierno federal ratificó su compromiso por escuchar todas las voces, respetando el derecho a la protesta y a la exigencia de mejores condiciones, aunque insiste en que las reglas de operación actuales son claras y buscan mantener la equidad entre todos los beneficiarios del programa de acopio.