El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum registró una reducción notable en los homicidios dolosos durante su gestión, un dato relevante en el contexto de la seguridad nacional. Este descenso refleja el impacto de las políticas y estrategias implementadas para combatir la violencia en diferentes estados del país.
A pesar de estos avances en reducción de crímenes, persisten retos importantes, especialmente relacionados con la impunidad en las fiscalías, que dificultan el avance en la investigación y resolución de casos relacionados con desaparecidos y otros delitos graves. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado esta cuestión como un obstáculo central para superar la crisis en la materia y previno sobre la necesidad de reforzar los mecanismos estatales de justicia.
En paralelo, el fenómeno del narcotráfico continúa afectando regiones específicas, como Durango y Sinaloa, donde fuerzas federales desmantelaron múltiples narcolaboratorios dedicados a la producción de drogas sintéticas, lo que evidencia el alcance y complejidad del combate contra los delitos vinculados al crimen organizado.
Asimismo, problemáticas de seguridad se manifiestan en episodios recientes como la detonación en una planta de Pemex en Salina Cruz, que dejó heridos, y los hallazgos de migrantes muertos en condiciones inhumanas en Estados Unidos, situación que demanda atención en temas de derechos humanos y migración.
En el plano político, el Partido Acción Nacional (PAN) ha impulsado denuncias y críticas contra funcionarios ligados a la administración federal, planteando acusaciones que incluyen la búsqueda de instancias internacionales para abordar presuntas irregularidades, lo que refleja el complejo escenario político entorno a la seguridad y gobernabilidad en México.