La Audiencia Provincial de Badajoz sentenció a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por su participación como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017. Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE en Extremadura, recibió dos penas de nueve años de inhabilitación por cometer dos delitos de prevaricación administrativa.
Además de estas dos sentencias, otros nueve investigados —entre ellos funcionarios y cargos públicos— también fueron condenados por su implicación en el caso. Los 11 procesados enfrentaron juicio desde finales de mayo hasta principios de junio, acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, delitos que los magistrados consideraron probados.
El proceso judicial comenzó hace más de dos años a partir de una denuncia presentada por la asociación Manos Limpias, que puso en evidencia irregularidades en la contratación y desempeño laboral de David Sánchez en la Diputación. La denuncia incluía la acusación de que Sánchez percibía un sueldo público sin acudir regularmente a su puesto y que residía en Portugal sin cumplir con las obligaciones formativas relacionadas con su cargo musical.
La jueza encargada del caso solicitó documentos a la institución provincial para verificar las denuncias, incluyendo el contrato de Sánchez. En julio, la Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), intervino la sede de la Diputación para incautar correos electrónicos y documentación vinculada a la contratación y desempeño del investigado.
La investigación se dividió en dos ejes principales: la legalidad en la contratación y funciones desempeñadas por Sánchez, y las posibles irregularidades en su patrimonio y residencia fiscal. Aunque en un principio se sospechó de la existencia de aproximadamente 1,4 millones de euros en acciones de BBVA a nombre del acusado, esta línea perdió fuerza al no encontrarse pruebas que confirmaran tal patrimonio.
El caso refleja los mecanismos del sistema judicial para investigar y sancionar irregularidades administrativas en instituciones públicas, destacando el papel de organizaciones civiles y la Guardia Civil en la recopilación de pruebas. Queda aún abierta la posibilidad de presentar recursos contra la sentencia, lo que mantiene en expectativa la resolución definitiva de este proceso.