El principal obstáculo para el crecimiento económico en México no ha sido el modelo de desarrollo, sino la ausencia de un poder judicial confiable que garantice el cumplimiento de los contratos y respete las reglas del juego. La confianza, condición indispensable para que las inversiones prosperen, se ha erosionado en los últimos años. Esto se refleja en la caída de la inversión extranjera directa en nuevos proyectos desde finales de 2021, un fenómeno que ha limitado el aprovechamiento del nearshoring, una oportunidad geopolítica histórica para el país.

La reforma judicial impulsada en 2024, que instauró la elección popular de cientos de puestos federales sin requisitos técnicos claros, ha debilitado la eficacia técnica del Poder Judicial federal. Este cambio no solo ha afectado la confianza inversora, sino que también ha coincidido con un incremento en el gasto público destinado a proyectos emblemáticos que han fracasado en sus metas operativas y financieras.

Entre estos megaproyectos, Dos Bocas destaca por un costo que supera más del doble lo presupuestado inicialmente y por operar a una fracción de su capacidad. Asimismo, el Tren Maya ha consumido recursos mucho mayores a los anunciados y presenta pérdidas significativas en su operación. Pemex, otra pieza clave en el esquema de la 4T, recibió apoyos financieros por montos exorbitantes, pero acumuló pérdidas sustanciales durante el sexenio.

Por otra parte, el fraude en Segalmex, con cifras millonarias y múltiples procesos penales, refleja un problema estructural en la gestión de recursos públicos. En conjunto, las partidas documentadas de estos casos y otros proyectos representan un volumen de dinero cercano al PIB de un país europeo mediano, como Portugal, aunque para la mayoría de la población este dato no resulta tangible.

Esta situación equivale a un saqueo simbólico equivalente a miles de pesos por cada mexicano, incluidos recién nacidos y ancianos, lo que se traduce en un golpe al patrimonio colectivo. Un paralelismo internacional muestra que en países como Hungría, el reconocimiento público de un saqueo masivo ha propiciado cambios políticos importantes. México, con problemas comparables en menos tiempo, carece aún de un diagnóstico abierto y sin eufemismos que explique con números y nombres el destino de tales recursos.