La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán ha recibido más de mil 700 millones de pesos en recursos federales desde finales de 2024, destinados a capacitación, equipamiento y mejora laboral. Sin embargo, persisten dudas sobre el manejo y destino de estos fondos ante la suspensión de entrenamientos, falta de adquisiciones y deterioro de infraestructura.
En los últimos años, las capacitaciones con organismos internacionales como el FBI y las policías de Israel y Colombia fueron detenidas. Además, no se han comprado equipos esenciales como chalecos antibalas ni armas nuevas. Los bonos para el personal operativo también fueron suspendidos, mientras que las condiciones de los dormitorios de la corporación presentan graves daños.
El problema se agrava por la presencia de al menos siete células criminales activas en la entidad, que operan con creciente libertad y, según denuncias, han logrado infiltrar a altos mandos de la Secretaría. Estos cuadros directivos estarían exentos de las evaluaciones de confianza y honestidad, lo que eleva la preocupación sobre el grado de corrupción interna.
Los recursos destinados a seguridad en Yucatán incluyen más de 900 millones de pesos provenientes de fondos federales para el fortalecimiento institucional, además de un presupuesto operativo superior a los 4 mil millones para 2025. No obstante, un tercio de las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos son atribuidas a policías estatales, señalando problemas en la atención ciudadana y el actuar policial.
Esta situación refleja una crisis en el área de seguridad, donde la inversión millonaria no se traduce en mejoras tangibles para la protección de la población. La corrupción en los altos mandos y la falta de capacitación y equipamiento colocan en entredicho la eficacia y transparencia del manejo de estos recursos.