El PSOE y el Gobierno se prepararon para una serie de comparecencias judiciales decisivas, entre ellas la de Begoña Gómez y la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Estas citaciones suman presión en un contexto en el que la formación política busca contener el choque directo con el poder judicial ante las críticas recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de colectivos de jueces y fiscales.

En esta situación, el Ejecutivo optó por un giro en su estrategia comunicativa. De pasar a denunciar una supuesta campaña de guerra judicial o “lawfare”, pasó a moderar sus mensajes y plantear que «ahora es tiempo de justicia». Además, apuntó sus críticas hacia el Partido Popular, al que acusa de lanzar una campaña de desprestigio con exageraciones que no se ajustan a los hechos reales.

El caso Leire Díez, exmilitante del PSOE que enfrentó acusaciones que han afectado al partido, se convirtió en un elemento central. Desde la dirección del PSOE se sostiene que Díez actuó de forma independiente y engañó al partido, lo que motivó su expulsión. En paralelo, los servicios jurídicos analizan posibles acciones legales en defensa del honor de la organización para rechazar imputaciones o citaciones que involucren directamente al partido o a su líder, el presidente Pedro Sánchez.

Sobre la comparecencia de Zapatero, que enfrenta cuestionamientos vinculados al hallazgo de joyas por un valor superior al millón de euros en su despacho, desde el PSOE y el Gobierno mantienen la presunción de inocencia y la expectativa de que el expresidente aclare ante el juez las dudas existentes. Se insiste en que, como expresidente, Zapatero no tiene vínculo directo con la gestión actual del Consejo de Ministros.

Además, la dirección del PSOE resaltó que el partido llevó a cabo “una limpieza” interna hace un año, con la expulsión de Díez y la dimisión forzada del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, como respuesta a las irregularidades detectadas. Este esfuerzo de depuración se exhibe como prueba de que la organización no tolera prácticas irregulares.

En Moncloa, las autoridades desestimaron las acusaciones sin pruebas concretas contra el presidente Sánchez, cuestionando que, tras dos años, no se presenten evidencias contra él. Asimismo, reafirmaron su apoyo a figuras clave como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, quienes deberán declarar como testigos en relación con los contactos que mantuvieron con Díez y que constan en el sumario.