OpenAI enfrenta una investigación que pone bajo lupa sus prácticas de seguridad y privacidad justo cuando prepara su salida a bolsa. Un grupo de fiscales generales, encabezado por la oficina de la fiscal general de Nueva York, exigió detalles sobre el manejo de datos personales, estrategias publicitarias y las medidas que la empresa implementa para proteger a menores y personas vulnerables de posibles riesgos del chatbot ChatGPT.
La citación judicial pone en evidencia la creciente preocupación por la influencia social de la inteligencia artificial, sobre todo en temas delicados como la privacidad y el impacto en usuarios susceptibles. Esta acción legal se produce en un momento clave para OpenAI: la presentación formal ante reguladores para su oferta pública inicial (IPO), lo que añade presión regulatoria y mediática hacia la empresa y su liderazgo.
Los fiscales buscan analizar una extensa documentación que incluye desde los protocolos de manejo de información sensible hasta los métodos utilizados para mantener a los usuarios activos en la plataforma. La investigación surge en un contexto donde la relación entre la tecnología avanzada y la sociedad se intensifica, y donde ya se han registrado litigios relacionados con el uso indebido de la inteligencia artificial en situaciones críticas.
OpenAI respondió que colaborará de manera constructiva con las autoridades, pero este escrutinio puede afectar la confianza de los inversores y ralentizar su debut en el mercado financiero. La investigación pone especial foco en cómo la compañía resguarda datos personales y de salud, y en qué forma gestiona la interacción del chatbot con menores, buscando evitar cualquier daño o manipulación.
Esta ofensiva legal refleja un creciente interés de varias jurisdicciones por supervisar el desarrollo de sistemas automatizados, y plantea un nuevo marco de exigencias para empresas que generan y gestionan inteligencia artificial con alto impacto social.