Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, junto con el senador Enrique Inzunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron acusados por Estados Unidos de presunto narcotráfico y delitos vinculados con armas. La revelación llegó a través de redes sociales por la Embajada estadounidense en México, después de que medios internacionales anticiparan una ofensiva legal contra diversas figuras de la política mexicana.
Las reacciones en el espectro político no tardaron en llegar. Senadores y legisladores de diferentes bancadas expresaron posturas divergentes frente a las imputaciones. El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña calificó las acusaciones como "inaceptables" en sesión del Senado. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, manifestó escepticismo respecto de la acusación, argumentando que no disponía de pruebas "contundentes" para creer en los señalamientos contra Rocha Moya e Inzunza. "Si la ley lo protege, todos tenemos que estar con él", sostuvo.
La oposición no dudó en aprovechar el momento. Lilly Téllez, senadora del PAN, expresó en redes que el día constituía "un gran día para México" tras la imputación de delitos de narcotráfico contra el gobernador sinaloense. Marko Cortés, también del PAN, calificó las acusaciones como "muy graves". Ricardo Anaya, desde la misma bancada, acusó que estos no son casos aislados y exigió que los acusados "den la cara". Alejandro Moreno, presidente del PRI, publicó un comunicado demandando la renuncia de Rocha Moya.
El propio gobernador evitó pronunciarse en profundidad cuando fue cuestionado por la prensa, limitándose a asegurar que "no pasará nada". Adán Augusto López, por su parte, se rehusó a comentar los señalamientos invocando su derecho a no emitir declaraciones. Arturo Ávila, vocero de Morena, no abordó directamente el caso, pero utilizó el momento para arremeter contra la gobernadora de Chihuahua por el asunto de agentes de la CIA en territorio mexicano.
