Estados Unidos solicitó la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios de corporaciones policiales luego de que su Departamento de Justicia presentara una acusación formal en su contra. La fiscalía los acusa de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios.
Los acusados incluyen a Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipolito, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millan. Se les imputa tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego. A Valenzuela Millan también se le acusa de secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta.
El gobernador morenista enfrenta cargos por conspiración para importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos. De ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión. La fiscalía sostiene que Rocha Moya fue electo con apoyo de Los Chapitos, quienes presuntamente secuestraron e intimidaron a sus rivales. Según la acusación, antes y después de asumir el cargo el 1 de noviembre de 2021, asistió a reuniones con líderes de la facción donde prometió protegerlos mientras distribuían drogas hacia Estados Unidos.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, afirmó que el Cártel de Sinaloa "no operaría con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo". El administrador de la DEA, Terrance Cole, señaló que la acusación revela "un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses".
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió las solicitudes de detención provisional, pero subrayó que la documentación no cuenta con elementos de prueba suficientes para determinar responsabilidad. El expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República para que determine la viabilidad conforme al marco jurídico nacional. La SRE anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que la información fue divulgada públicamente.
