Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, firmó la acusación contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Los imputados enfrentan cargos de conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de alto poder y conspiración relacionada con el movimiento de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
Clayton dirige una de las oficinas fiscales más influyentes de Estados Unidos en casos de crimen organizado a nivel internacional. Antes de asumir este cargo en la fiscalía, fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) entre 2017 y 2020, donde desarrolló una carrera sólida en temas financieros y regulatorios. Su gestión actual en Nueva York lo ha colocado al frente de investigaciones de alto impacto que trascienden fronteras, incluyendo la acusación contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo.
Entre los acusados figuran el gobernador Rocha Moya, quien enfrentaría cadena perpetua; el senador de Morena Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes podrían recibir condenas de por vida o un mínimo de 40 años de prisión. También están imputados Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas), Dámaso Castro Zaavedra (fiscal general adjunto), Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación), Alberto Jorge Contreras Núñez (exmando policial), Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad), José Antonio Dionisio Hipólito (exsubdirector policial) y Juan Valenzuela Milán (excomandante).
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estos funcionarios habrían utilizado sus posiciones para proteger operaciones del crimen organizado, recibir sobornos y permitir el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. La acusación vincula a los imputados con "Los Chapitos", una de las facciones más poderosas del cártel.
En caso de ser detenidos y llevados a juicio en Estados Unidos, los acusados podrían enfrentar penas que van desde décadas en prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de los cargos que se comprueben. El gobernador Rocha Moya ha asegurado públicamente estar "tranquilo" y ha señalado que ha conversado con la presidenta sobre el asunto.
