La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supeditó cualquier acción penal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a que la Fiscalía General de la República encuentre pruebas "claras y contundentes". La mandataria enfatizó que de existir elementos de prueba, el caso se tramitaría conforme a las leyes mexicanas sin permitir intervención de autoridades extranjeras.
Sheinbaum reafirmó la postura del gobierno federal en defensa de la soberanía nacional. "No vamos a permitir la injerencia", señaló al referirse a posibles presiones o investigaciones desde el exterior. Insistió en que cualquier señalamiento deberá sustentarse con evidencia verificable dentro del marco legal del país.
La presidenta aclaró que no habrá encubrimiento, pero tampoco se actuará sin sustento jurídico. Designó a la FGR como la única instancia facultada para conducir investigaciones de carácter federal y determinar responsabilidades en este tipo de casos. Llamó a evitar juicios anticipados y a respetar el debido proceso.
El posicionamiento surge en medio de versiones y especulaciones sobre presuntos vínculos de actores políticos con actividades ilícitas, un tema que ha generado tensión en el ámbito público y mediático. El caso ha cobrado relevancia nacional debido al contexto de seguridad en Sinaloa y la atención internacional sobre la actuación de autoridades locales. El gobierno federal sostiene que cualquier resolución deberá apegarse estrictamente a la ley mexicana, privilegiando la autonomía institucional y el respeto a la soberanía.
