La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este 30 de abril a los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve personajes más de la política estatal, entre ellos un senador y un presidente municipal. Durante la Mañanera, Sheinbaum sostuvo que las imputaciones tienen intenciones políticas y que México no permitirá que un gobierno extranjero decida sobre asuntos internos.
La mandataria explicó que su administración se rige por tres principios: verdad, justicia y defensa de la soberanía. En ese marco, reiteró que aunque no cubrirán a quienes hayan cometido delitos, las acciones judicales deben basarse en pruebas claras y no en acusaciones externas. "Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México", afirmó.
La tensión escaló cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una "acusación de reemplazo" que involucra directamente a Rocha Moya, al senador y al alcalde de Culiacán. La Secretaría de Relaciones Exteriores extrañó este proceder, considerando que conforme a los tratados internacionales este tipo de procesos deben mantenerse confidenciales.
Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ya recibió la documentación estadounidense, pero aclaró que esto no implica detenciones automáticas. De acuerdo con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, la FGR debe evaluar si las pruebas contienen elementos "contundentes e irrefutables" bajo la legislación mexicana, y luego realizar una investigación propia para verificar si los señalamientos tienen fundamento legal que permita solicitar órdenes de aprehensión.
Funcionarios sinaloenses también respondieron a las acusaciones. La Fiscalía de Sinaloa refrendó su respeto al debido proceso y subrayó que en México rige el principio de presunción de inocencia. Mientras tanto, Ricardo Anaya exigió que Rocha Moya comparezca ante el Senado para explicar sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Los acusados podrían enfrentar penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
