La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA acusaron formalmente a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de colaborar durante años con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos. Entre los acusados figura el gobernador en ejercicio, Rubén Rocha Moya. Según la acusación de 34 páginas, los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de proteger al grupo criminal y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La fiscalía estadounidense sostiene que los acusados utilizaron sus cargos para resguardar cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, además de impedir investigaciones y detenciones contra integrantes del cártel. El documento señala que mandos de corporaciones policiacas estatales participaron directamente en secuestros, torturas y asesinatos, incluido el homicidio de un informante confidencial de la DEA y un familiar suyo en 2023.
Uno de los puntos más delicados de la acusación afirma que Rocha Moya llegó al gobierno de Sinaloa en 2021 con apoyo de Los Chapitos. Según el documento, antes de la elección se reunió con líderes criminales como Iván y Ovidio Guzmán, custodiados por sicarios armados, quienes le prometieron respaldo a cambio de colocar funcionarios favorables a las operaciones de narcotráfico en puestos clave del gobierno estatal. Durante la campaña, la acusación sostiene que integrantes del cártel robaron urnas, intimidaron votantes y secuestraron opositores, mientras mandos policiales recibían instrucciones de no intervenir.
La acusación también menciona a otros funcionarios como Enrique Inzunza, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Gerardo Mérida y Juan de Dios Gámez, quienes presuntamente recibían sobornos mensuales. Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte.
Rocha Moya rechazó las acusaciones a través de redes sociales, calificándolas de carentes de veracidad y fundamento. Afirmó que el ataque no es solo contra su persona, sino contra la Cuarta Transformación. Las autoridades estadounidenses recalcaron que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
