Rubén Rocha Moya formalizó su solicitud de licencia para abandonar temporalmente el cargo de gobernador de Sinaloa. El movimiento político busca otorgar autonomía completa a la Fiscalía General de la República en las investigaciones derivadas de acusaciones emitidas por la Fiscalía del Sur de Nueva York, que vinculan al mandatario con presuntas operaciones del crimen organizado. Rocha Moya rechazó las imputaciones formuladas por fiscales federales estadounidenses y sostuvo que demostrará su falsedad.
Legisladores federales de Morena cerraron filas en torno a esta determinación, calificándola como un acto de congruencia política. Ignacio Mier, coordinador de la bancada en el Senado, subrayó que la postura del gobernador facilita que la verdad y justicia prevalezcan sin interferencias institucionales. Según Mier, el paso demuestra que dentro de la Cuarta Transformación no se solapan irregularidades. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara insistió en que encarar la ley "de frente" constituye un mensaje de salud política.
La diputada Dolores Padierna utilizó la salida temporal de Rocha Moya para cuestionar la gestión de la oposición en otras entidades. Comparó la situación con la postura de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, a quien señaló por no rendir cuentas ante el Senado respecto a la presunta entrada ilegal de agentes de la CIA a territorio mexicano. Padierna enfatizó que ante actos injerencistas, la transparencia no debe ser negociable.
Desde la oposición, la senadora priista Paloma Sánchez celebró que el mandatario abandonara el poder en Sinaloa, argumentando que era una demanda necesaria para la estabilidad del estado. Sin embargo, la tensión se trasladó al Congreso del Estado con la designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, decisión que desató reclamos de las dirigencias nacionales.
Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, arremetió contra los diputados de Movimiento Ciudadano y el PAN que se ausentaron de la votación en la capital sinaloense. Calificó la inacción legislativa como complicidad con lo que denominó un "narcogobierno", elevando el tono de la confrontación política en medio de una crisis que mantiene a la FGR y agencias estadounidenses en el centro del debate sobre seguridad nacional.
