La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó el bloqueo de cuentas bancarias y otros activos sin orden judicial, decisión que ha generado rechazo en sectores especializados. José Fernando Cuevas Cervantes, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en Yucatán, califica la medida como peligrosa e innecesaria, argumentando que vulnera derechos fundamentales de defensa.
El cambio de criterio ocurrió el 6 de abril pasado, cuando la Corte abandonó su postura anterior que exigía un mandamiento judicial o solicitud expresa de un gobierno extranjero para congelar bienes. Hasta entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera debía aportar pruebas documentadas al Ministerio Público Federal o la Fiscalía, que luego presentaban ante un juez quien valoraba la información y autorizaba el congelamiento. Los investigados podían presentar amparos para levantar los bloqueos y utilizar recursos para su defensa.
Bajo el nuevo criterio, la UIF actúa con discrecionalidad basada en indicios o sospechas, sin necesidad de pruebas concretas ni aprobación judicial. Cuevas Cervantes señala que esto genera un escenario donde cualquier ciudadano puede ser afectado sin estándares claros que definan cuándo se aplicará el congelamiento. "La incertidumbre existe porque solo son palabras; la ley dice otra cosa", subraya el especialista, enfatizando que el amparo ya no es herramienta efectiva para frenar excesos debido a reformas anteriores.
El principal riesgo identificado es que personas sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo queden sin recursos para pagar abogados defensores, dejándolas indefensas ante el proceso. Además, el criterio abre puerta a potenciales abusos políticos contra empresarios no alineados con el gobierno, periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales críticas.
Cuevas Cervantes vincula el cambio a presiones de GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional que evaluó deficiencias en los resultados mexicanos contra el lavado de dinero. Aunque reconoce que fortalecer herramientas financieras puede impactar a grupos delictivos, advierte sobre la ausencia de garantías jurídicas en el nuevo sistema. Las cámaras empresariales, abogados y especialistas en derecho se han pronunciado contra esta decisión de la Corte.
