El Instituto Nacional Electoral (INE) junto con los 32 organismos públicos locales electorales ya trabajan en la planeación del proceso electoral concurrente que se realizará en 2026 y 2027. Este proceso implica la realización simultánea de elecciones federales y locales, lo que demanda una coordinación precisa para garantizar la correcta organización y ejecución.
En Michoacán, el Instituto Electoral local forma parte activa de estas labores, enfocadas en definir los mecanismos que permitan armonizar procedimientos complejos y variados entre los distintos niveles electorales. Para ello, se están revisando dos proyectos principales de convenios de coordinación: uno relativo a las elecciones políticas, que incluye gubernatura, diputaciones locales y federales, así como ayuntamientos, y otro enfocado en la elección judicial.
Un factor clave que podría modificar algunos aspectos de estos acuerdos es la reforma electoral aún pendiente de aprobación por parte del Congreso del Estado de Michoacán. Esta reforma tiene el potencial de alterar ciertos puntos incluidos en el convenio de coordinación política.
Por otra parte, la elección judicial podría enfrentar un cambio significativo si se aprueba la iniciativa presidencial que propone posponer las elecciones judiciales federales y locales de 2027 para 2028, lo que afectaría el calendario y la logística electoral en esta materia.
Los convenios de coordinación que se establecen contienen lineamientos generales que se complementan con anexos técnicos. Estos últimos detallan aspectos específicos y requieren la aprobación previa del Consejo General del INE, así como la ratificación de estrategias como la de capacitación y asistencia electoral. Asimismo, una vez firmados estos anexos técnicos, se procede a negociar y aprobar los anexos financieros, donde se distribuyen responsabilidades presupuestarias entre las autoridades electorales nacionales y locales.
En resumen, la colaboración entre el INE y los organismos locales, incluido el Instituto Electoral de Michoacán, avanza con miras a garantizar que la concurrencia electoral se realice de forma ordenada y eficiente, pese a los posibles ajustes derivados de reformas legales y propuestas de cambio en el calendario electoral.