El Congreso de la Unión aprobó un periodo extraordinario de sesiones para analizar reformas clave, entre las que destaca el aplazamiento de la segunda etapa de la reforma judicial y la inclusión de la intervención extranjera como causa para anular elecciones. Esta decisión se tomó pese a la oposición de partidos que denunciaron falta de consenso y métodos poco transparentes en la convocatoria.
La reforma presidencial busca ajustar el calendario judicial para retrasar ciertos cambios en el sistema, mientras que otra iniciativa propone modificar la Constitución y la legislación electoral. Esta última establece que la injerencia extranjera pueda invalidar procesos electorales, un tema que generó fuerte controversia entre los legisladores.
Durante la sesión, la vicepresidenta de la Mesa Directiva criticó las maniobras del bloque oficialista, señalando irregularidades en el procedimiento y la exclusión de voces opositoras. Por su parte, representantes de Morena defendieron el acuerdo, asegurando que buscan preservar la legalidad electoral y fortalecer la democracia contra interferencias externas.
El debate también incluyó la propuesta de Morena para que el Instituto Nacional Electoral (INE) cree una comisión que revise candidaturas vinculadas al crimen organizado. Sin embargo, el PAN calificó esta iniciativa como insuficiente y exigió medidas más contundentes, incluyendo la pérdida de registro para partidos con lazos al narcotráfico.
Estos desacuerdos reflejan un ambiente polarizado en el poder legislativo, donde la oposición acusa que las reformas se imponen con prisa y sin diálogo adecuado, mientras el oficialismo busca avanzar en su agenda legislativa antes de que concluya el periodo ordinario. Las discusiones extenderán el trabajo parlamentario y marcarán la agenda política de los próximos meses.