La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó el reclutamiento de menores para actividades criminales como una grave violación de derechos humanos en México. Este fenómeno se relaciona estrechamente con la alarmante crisis de desapariciones en el país, donde más de 128 mil personas, entre ellas niños y adolescentes, han desaparecido.
Según el informe sobre desapariciones, una parte significativa de estas desapariciones está vinculada al crimen organizado, que utiliza a menores como combatientes, mensajeros o en la preparación de drogas. En particular, 18 estados presentan altos índices de reclutamiento infantil, destacándose regiones del Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sonora, en ciudades como Ecatepec, León, Guadalajara y Hermosillo.
El reclutamiento, aunque a primera vista parece voluntario, responde a factores de presión económica y social. Muchas veces, los menores y sus familias enfrentan amenazas por la violencia intrafamiliar, la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, lo que los vuelve presa fácil para los grupos delictivos. La CIDH enfatiza que los adolescentes están especialmente vulnerables, no solo poniendo en riesgo su vida e integridad física, sino también truncando sus posibilidades de un desarrollo integral.
Ante este contexto, la CIDH exige a los Estados adoptar medidas urgentes para proteger a la niñez. Considera indispensable la prohibición explícita del reclutamiento de menores en actividades ilegales y reclama que los menores captados deben ser tratados como víctimas, recibiendo protección y atención especial.
En respuesta, el Gobierno mexicano ha implementado protocolos destinados a la búsqueda y protección de menores desaparecidos, como el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PANNA) y la Alerta Amber. El PANNA reconoce al reclutamiento como una causa de desaparición, mientras que la Alerta Amber coordina a autoridades y actores sociales para la pronta localización y protección de víctimas en riesgo inminente.