La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la implementación de algunas medidas por parte de México para enfrentar la crisis de personas desaparecidas, pero advirtió que persiste una importante falta de eficacia, sobre todo en las fiscalías responsables de la investigación y procuración de justicia. Esta impunidad representa un obstáculo fundamental para superar el problema.
La crisis humanitaria en México se refleja en el elevado número de casos oficiales, que superan más de cien mil desapariciones. A pesar de los esfuerzos, las entidades encargadas de resolver estos casos continúan mostrando lentitud y deficiencias en sus procesos, lo que afecta directamente a las víctimas y a sus familiares, que siguen esperando respuestas y justicia.
Organizaciones como Amnistía Internacional han reiterado la urgencia de que México acepte asistencia internacional para fortalecer la búsqueda y atención de personas desaparecidas. El llamado se produce tras la evaluación del informe de la CIDH, donde se constata que las acciones del Estado, aunque existentes, no alcanzan la eficacia necesaria para dar resultados concretos.
El fenómeno de la desaparición además se vincula con problemáticas como la violencia delictiva y la presencia de narcotráfico, factores que complican aún más las investigaciones. En respuesta, varias fiscalías estatales y federales han realizado aseguramientos y acciones contra laboratorios clandestinos de drogas, pero no han logrado mitigar la persistente crisis de desapariciones.
Estos escenarios obligan a un replanteamiento profundo de las estrategias implementadas, enfocando la atención en mejorar los mecanismos de procuración de justicia, la coordinación interinstitucional y la transparencia en las investigaciones. Solo así podría avanzar la búsqueda de los desaparecidos y la sanción a los responsables.