Un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas denunció que el gobierno municipal de Tepotzotlán utiliza las jornadas de búsqueda como un instrumento de propaganda, mientras en la práctica niega apoyo efectivo y ejerce hostigamiento contra familiares. El colectivo Lirios Buscadores Izcalli acusó al Ayuntamiento de simular acciones coordinadas y de presionar para ocultar un hallazgo positivo que ocurrió en una zona colindante con Tepotzotlán.

El conflicto se originó cuando, tras una búsqueda colectiva, se localizó a una persona desaparecida en Nicolás Romero, municipio vecino. Posteriormente, la identificación confirmó que la persona estaba registrada como desaparecida en Tepotzotlán. Sin embargo, en lugar de apoyo, las familias denunciaron que recibieron llamadas intimidatorias desde la administración local, principalmente de funcionarios y una regidora, solicitando que eliminaran testimonios y publicaciones de redes sociales para silenciar la noticia.

El colectivo rechazó categóricamente la versión oficial del Ayuntamiento, que afirmó en sus redes sociales contar con apoyo y coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, la Fiscalía estatal y las policías locales. Según Lirios Buscadores, la jornada se llevó a cabo únicamente por iniciativa de la sociedad civil, sin respaldo logístico ni operativo municipal. El único aporte registrado por el municipio fue enviar a una trabajadora solamente para tomar fotografías de las familias y utilizarlas en la propaganda oficial.

Este doble discurso, donde se minimiza la labor ciudadana al mismo tiempo que se publica una supuesta sensibilidad y apoyo, genera indignación entre los afectados. El colectivo denunció que viven una situación alarmante de omisiones, abandono de responsabilidades, falta de seguridad durante las búsquedas y acoso digital.

Ante esta situación, Lirios Buscadores exigió tres demandas concretas al gobierno municipal:

  • Una disculpa pública y una retractación formal por el hostigamiento dirigido hacia las buscadoras y familiares.
  • Compromisos operativos reales para garantizar la localización de personas desaparecidas y la seguridad de quienes realizan búsquedas en el municipio.
  • El cese inmediato del uso político de las tragedias que enfrentan las familias, evitando que su dolor sea manipulado como herramienta de relaciones públicas.

El colectivo recordó que la localización de personas desaparecidas es una obligación legal y constitucional del Estado y no debe ser tratada como un espectáculo o campaña política, sino con la seriedad y compromiso que demanda esta problemática.