Después de casi cuarenta sesiones, el juicio contra la familia Pujol y nueve empresarios relacionados con adjudicaciones públicas concluyó con el tribunal declarando la causa "visto para sentencia". Ahora corresponde a los jueces evaluar si las pruebas confirman que Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanos, junto a la exesposa del primogénito, cometieron delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita mediante la fortuna oculta en Andorra.
La acusación sostiene que estos fondos provienen de comisiones ilegales vinculadas a la concesión fraudulenta de obras públicas, con la complicidad de empresarios para ocultar el origen ilícito. Como alternativa, la defensa, integrada por despachos destacados de Barcelona y Madrid, afirma que el dinero procede legítimamente de la herencia del abuelo Florenci Pujol, alejando cualquier sospecha de corrupción.
Un elemento relevante en el proceso fue la situación del expresidente Jordi Pujol Soley, quien compareció por videoconferencia al inicio del juicio debido a informes médicos que certificaron su incapacidad para defenderse presencialmente por problemas físicos y cognitivos. Finalmente, tras su última declaración ante la Audiencia Nacional, el tribunal decidió exonerarlo, aunque la Fiscalía mantuvo una acusación dura calificándolo como el cerebro de una red de clientelismo y corrupción que favoreció a su familia y a empresarios vinculados a Convergència Democràtica de Catalunya.
El fallo que prepare el tribunal deberá resolver seis incógnitas fundamentales que han marcado el proceso: si existe un entramado criminal o simplemente una gestión patrimonial heredada; la implicación directa de cada uno de los hermanos; el papel de los empresarios acusados en la supuesta trama de corrupción; la valoración de las pruebas documentales y testimoniales; la responsabilidad penal de la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola; y la posible afectación a las instituciones políticas a través de Convergència Democràtica de Catalunya.
El resultado de esta sentencia tendrá un impacto significativo en la percepción pública sobre la gestión política y económica de una de las familias más emblemáticas de Cataluña, así como en el combate a la corrupción vinculada a contratos públicos y lavado de dinero en España.