Tras obtener libertad provisional, Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta nuevas tensiones derivadas de presuntos actos de acoso y intimidación por parte de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Su defensa solicitó a la titular de la FGR detener cualquier tipo de presión contra ella, sus abogados y los jueces que siguen el proceso legal.
La denuncia surge después de una audiencia en el Reclusorio Norte, donde una jueza federal resolvió que no existían elementos suficientes para considerar que Lozoya representaba un riesgo de fuga. Por este motivo, se le concedió la libertad bajo ciertas medidas cautelares. Durante esa sesión, también se ordenó investigar la filtración a medios de comunicación de fotos y videos del arresto donde se mostraba a la imputada esposada, bajo custodia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una situación que la defensa calificó como una falta grave.
Uno de los principales puntos de controversia durante el proceso fue la argumentación de la Fiscalía para mantener a Lozoya en prisión preventiva. El Ministerio Público supuso que su condición de mujer, divorciada y sin hijos era motivo para no otorgarle la libertad, lo que la defensa consideró discriminatorio y contrario al principio constitucional de igualdad y a la perspectiva de género que debe imperar en el sistema judicial.
Además, el equipo legal reportó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal han estado merodeando el domicilio de Lozoya, un acto que calificaron como intimidación y amedrentamiento, ya que la supervisión de medidas cautelares no corresponde a estos policías de investigación. Esta situación generó preocupación en el círculo cercano a la imputada y sus abogados, quienes pidieron formalmente que se detengan estas acciones.
La defensa también denunció interrupciones a sus actividades jurídicas, destacando que el sábado pasado fueron citados con apenas dos horas de anticipación en oficinas de la Guardia Nacional en Ecatepec para practicarle a Lozoya una evaluación de riesgo que calificaron como innecesaria. Consideran que este tipo de maniobras buscan desgastar tanto a la imputada como a su equipo legal, complicando la estrategia de defensa.