El Gobierno de México anunció que emprenderá acciones legales tras la muerte de un migrante mexicano durante un operativo migratorio realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la respuesta irá más allá de las reclamaciones diplomáticas habituales, con el fin de evitar que se repitan actos de maltrato contra mexicanos en Estados Unidos.
El incidente ocurrió cuando un agente del ICE disparó contra Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano sin residencia legal en territorio estadounidense, quien fue trasladado a un hospital donde falleció por las heridas de bala. Según un portavoz estadounidense, Salgado habría intentado usar su vehículo para atropellar a un agente, lo que habría motivado el disparo en defensa propia. Sin embargo, desde México se cuestiona esta versión y se exige que se respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, incluso en contextos migratorios.
Ante este caso, la presidenta Sheinbaum adelantó que, además de las notas diplomáticas y las peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno mexicano prepara medidas jurídicas formales que serán gestionadas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estas acciones buscan establecer responsabilidades claras y evitar que los migrantes sean sometidos a violencia o retención arbitraria simplemente por su estatus migratorio.
La mandataria destacó que la comunidad mexicana en Estados Unidos enfrenta situaciones vulnerables, ya que muchos trabajan para empresas estadounidenses pero carecen de documentación legal. A pesar de ello, no deberían ser detenidos en centros del ICE ni sufrir procedimientos violentos. Este anuncio cobra relevancia en un contexto en el que, desde la administración de Donald Trump, al menos 16 migrantes mexicanos han muerto en centros de detención del ICE, reflejando el endurecimiento de las políticas migratorias.
Las nuevas medidas jurídicas buscan fortalecer la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos y presionar a las autoridades estadounidenses para que se garantice un trato digno y justo. Hasta ahora, las respuestas de Estados Unidos se han limitado a comunicaciones diplomáticas, pero México insiste en avanzar con recursos legales más contundentes.