Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, cuestionó los procedimientos seguidos por Estados Unidos en la acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde señaló que el país requiriente violó principios fundamentales del debido proceso.
Según la funcionaria, los procesos de extradición deben ser entregados de manera confidencial a la Secretaría de Relaciones Exteriores para preservar la presunción de inocencia y evitar exposición mediática prematura. Alcalde argumentó que esta práctica está establecida en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. "En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático", sostuvo.
La consejera jurídica indicó que Estados Unidos no presentó pruebas para solicitar la detención provisional de los acusados. Explicó que corresponde al juez de control, no a la fiscalía ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinar si existen elementos para fundamentar la urgencia. Alcalde pidió al país requiriente que aporte los elementos probatorios necesarios antes de que se presente el caso ante un juez.
Entre los acusados figuran el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el excomandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán. También aparecen en la acusación Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito, identificados como funcionarios estatales y mandos de seguridad.
