La Secretaría de Bienestar implementó un programa que entregará recursos para obras en 880 comunidades indígenas, alcanzando a más de un millón de personas. Durante las asambleas que se realizan hasta el 7 de junio, los habitantes deciden colectivamente qué proyectos priorizar, fortaleciendo la participación ciudadana en sus localidades.
Estas asambleas están organizadas con un esquema claro: se convoca a todos los residentes adultos para elegir un comité de cinco miembros, con cargos específicos que incluyen la presidencia, secretaría, tesorería –función que debe ser desempeñada por una mujer– y dos vocales. Esta estructura busca garantizar la transparencia y el empoderamiento, especialmente de las mujeres, en la administración de los recursos.
Los fondos asignados provienen de un porcentaje del presupuesto estatal, que según explicó el delegado del Bienestar, se distribuyen de manera equitativa y considerando criterios como el rezago social y la densidad poblacional. Un 20% de los recursos se reparte por igual entre todas las comunidades, mientras que el resto se asigna en función de sus necesidades y tamaño demográfico.
Los recursos federales están destinados a diversos tipos de infraestructura básica, como pavimentación, alumbrado público, agua potable y alcantarillado, además de proyectos para mejorar la salud y la educación en las comunidades indígenas. Con una inversión que supera los 700 millones de pesos en el estado, el programa busca cerrar brechas históricas en estas regiones que concentran una sexta parte de la población estatal y presentan condiciones más críticas que otras zonas.
Este mecanismo de participación fortalece la autonomía comunitaria y promueve un uso transparente y consensuado de los recursos públicos, potenciando tanto el desarrollo local como la inclusión social en comunidades que durante años han enfrentado múltiples rezagos.