La muerte de Mohammed Amin, de 8 años, en Taunsa, Pakistán, puso al descubierto un brote de VIH que afectó a cientos de niños. Su hermana Asma también fue diagnosticada con el virus. La familia señala directamente al hospital THQ Taunsa como origen de los contagios, específicamente por el uso de inyecciones con material contaminado.
Una investigación encubierta de BBC Eye documentó graves irregularidades en las prácticas médicas del nosocomio. Durante más de 30 horas de grabación, los reporteros registraron la reutilización sistemática de jeringas, el uso de viales en múltiples pacientes y la aplicación de inyecciones sin protocolos básicos de higiene. El personal trabajaba sin guantes y manipulaba inadecuadamente el material médico. Expertos advierten que incluso con agujas nuevas, el empleo de jeringas contaminadas puede propagar infecciones de manera eficiente.
Los datos oficiales indican que más de la mitad de los contagios están directamente vinculados a agujas contaminadas, mientras que la transmisión de madre a hijo es mínima. Este patrón refuerza la hipótesis de negligencia médica en el centro de salud. Las imágenes también mostraron jeringas abiertas junto a residuos, cánulas sin etiquetar y personal manipulando desechos sin protección alguna.
Aunque las autoridades locales prometieron medidas correctivas y suspendieron a un directivo, las prácticas inseguras continuaron meses después. El actual responsable del hospital cuestionó incluso la autenticidad de las grabaciones. Organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han alertado sobre fallas críticas en el control de infecciones en el sistema sanitario pakistaní, marcado por escasez de insumos, sobrecarga hospitalaria y dependencia excesiva de inyecciones.
Para las familias afectadas, la crisis representa una tragedia permanente. Niños como Asma enfrentan tratamientos de por vida, además del estigma social del VIH que limita su convivencia cotidiana y su integración en la comunidad. A pesar de la evidencia documentada, las autoridades sostienen que no existen pruebas concluyentes contra la institución, mientras los familiares exigen justicia por una situación que continúa agravándose.
