La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de la Ciudad de México cuestionó la propuesta constitucional de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para establecer un tope al aumento en las rentas. Según los inmobiliarios, la medida carece de fundamento legal porque el control ya se encuentra vigente en el Código Civil capitalino y fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Felipe Cuevas, presidente de la AMPI en la CDMX, consideró que la iniciativa no es ni buena ni mala, pero identificó un foco rojo central: la escasez de terrenos disponibles para construcción. Argumentó que antes de controlar precios mediante regulación, la ciudad necesita incrementar la oferta de viviendas. "Si primero tenemos más viviendas, entonces podemos ir controlando un poco más los precios", señaló Cuevas, advirtiendo que una medida aislada de tope de rentas no garantiza que toda la población acceda a vivienda asequible.
Laura Zazueta, directora del Instituto de Administradores de Inmuebles, coincidió en que la propuesta plantea la construcción de cierta cantidad de viviendas pero no especifica dónde ni cómo atraer inversores. Roberto Barrios, expresidente de la AMPI, subrayó que incluir en la Constitución local algo ya resuelto judicialmente es redundante, pues la Corte ya se pronunció a favor del tope inflacionario sin objeciones.
La reforma también propone crear una institución pública para la defensa de derechos en arrendamiento. Los profesionales inmobiliarios advierten que esta duplicaría funciones con la Procuraduría Social. Alejandro Kuri, otro expresidente de la AMPI, cuestionó la necesidad de un nuevo organismo cuando ya existen tribunales especializados. Según los inmobiliarios, la medida beneficiaría principalmente al 5% de inquilinos morosos que no pagan rentas puntuales.
