Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que Rubén Rocha Moya perdió el fuero constitucional al solicitar licencia como gobernador de Sinaloa. Según esta interpretación, la separación del cargo eliminaría la inmunidad que protege a los funcionarios públicos, permitiendo que el mandatario estatal sea investigado y procesado como cualquier ciudadano.
Zaldívar señaló que el fuero protege el ejercicio de la función pública, no a la persona que la desempeña. En ese sentido, al separarse mediante una licencia, el servidor público deja de contar con esa protección constitucional. Las autoridades podrían entonces proceder legalmente sin necesidad de un proceso adicional para retirarle la inmunidad, tanto en el caso de gobernadores como de otros funcionarios que solicitan licencia.
Rocha Moya solicitó su licencia en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, dados a conocer por autoridades estadounidenses. El gobernador ha rechazado las acusaciones y aseguró que su decisión busca facilitar las investigaciones. Tras su separación, el Congreso local designó a una autoridad interina para asumir el cargo.
De acuerdo con la postura de Zaldívar, la ausencia de fuero abre la posibilidad de que Rocha Moya enfrente procesos judicales sin requerir desafuero. Cualquier investigación en su contra podría avanzar bajo las mismas condiciones que para un ciudadano común. Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre órdenes de aprehensión en su contra.
La Fiscalía General de la República ha indicado que revisa la información disponible y ha solicitado mayores elementos para avanzar en el caso. La declaración de Zaldívar reabrió el debate sobre el alcance del fuero constitucional en México y su vigencia cuando un funcionario abandona temporalmente sus funciones.
