El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia "por más de 30 días" solicitada por Rubén Rocha Moya, quien se separó del cargo en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico formulados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los 38 legisladores votaron a mano alzada en una sesión extraordinaria marcada por la premura. Rocha no asistió al pleno, pero en un mensaje leído ante el congreso aseguró que su decisión busca facilitar las investigaciones, que catalogó de "falsas y dolosas".
La renuncia temporaria desencadenó también la licencia del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, igualmente señalado. El cabildo designó como alcaldesa provisional a Ana Miriam Ramos Villarreal. Desde la esfera federal, el senador Ignacio Mier respaldó la decisión, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum postuló su posicionamiento para días posteriores.
El debate jurídico sobre el fuero divide a expertos. Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que Rocha perdió la inmunidad procesal al solicitar licencia. "El fuero protege a la función no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona", aseguró. Sin embargo, constitucionalistas como Diego Valadés advirtieron que la licencia temporal permite a Rocha regresar al cargo si no es procesado, recuperando el fuero de forma inmediata.
La oposición alertó sobre el riesgo de que el gobernador pueda recuperar protección constitucional. El diputado panista Roberto Gil Zuart señaló que "con un fax" notificando el fin de su licencia, Rocha podría recobrar el fuero instantáneamente. El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, pidió una alerta migratoria para evitar la fuga del mandatario.
Paralelamente, el senador Enrique Inzunza, también señalado en la acusación estadounidense, rechazó pedir licencia. Aseguró que comparecería ante cualquier autoridad mexicana si fuera requerido y descartó las imputaciones como "falsas y dolosas". Sin embargo, Inzunza enfrenta señalamientos por nepotismo tras revelarse que su esposa y varios hermanos ocupan cargos en el Poder Judicial de Sinaloa.
La salida de Rocha dejó como gobernadora interina a Yeraldine Bonilla, de 33 años, trabajadora social que fue secretaria de Gobierno bajo su administración. En tanto, medios sinaloenses detectaron que la senadora Imelda Castro, aspirante a la gubernatura, eliminó fotografías donde aparece con Rocha de sus redes sociales, pese a hacer un llamado público a la unidad.
Las investigaciones también exposieron que Rocha percibe más de un millón y medio de pesos anuales en pensiones: 316 mil pesos del ISSSTE, 490 mil del IMSS y 731 mil de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, reportes indicaron que la familia Rocha deshabitó sus casas en Culiacán desde el viernes, tras las acusaciones estadounidenses.
En cuanto a la respuesta oficial, Sheinbaum acusó a gobiernos pasados de corrupción durante la inauguración del puente Nichupté en Quintana Roo, obra cuyo presupuesto aumentó de 5 mil 570 millones a más de 12 mil millones de pesos desde febrero de 2024. El gobernador de Tabasco, Javier May, descartó que el caso impacte a Morena, calificándolo de "tema mediático orquestado por la derecha".
