El Gobierno de Estados Unidos formalizó acusaciones contra diversos funcionarios y exfuncionarios públicos de México por vínculos con actividades delictuosas. Según el documento presentado por el Departamento de Justicia, los acusados ocupaban cargos en instituciones estatales y municipales, principalmente en Sinaloa, y serían señalados de colaborar directamente con un grupo criminal.
De acuerdo con la acusación, los funcionarios habrían facilitado el tráfico de drogas y armas hacia territorio estadounidense. Además, según el informe, proporcionaron información sobre operativos, medidas de seguridad y protección política a integrantes de la célula delictiva, acciones que realizaron a cambio de dinero.
Entre los acusados figura Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. También aparecen en la lista Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración de Finanzas.
Los acusados incluyen además a Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exintegrante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado; y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
La lista también integra a José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía municipal de Culiacán.
