Estados Unidos va por los bienes del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los de nueve políticos y jefes policiales acusados de narcotráfico. El Departamento de Justicia estadounidense notificó en la imputación del caso que están sujetos a decomiso todos los inmuebles y cualquier ganancia económica de los diez inculpados que deriven, directa o indirectamente, del apoyo al tráfico de drogas e importación de armas de los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Las autoridades estadounidenses solicitarán también el decomiso de bienes que los acusados omitan o no puedan ser localizados, así como aquellos que hayan sido transferidos, vendidos, entregados a terceros o colocados fuera de la jurisdicción del tribunal. En caso de condena, procederán a la confiscación de bienes y cuentas bancarias conforme a las Secciones 853 y 970 del Código de los Estados Unidos.
Entre los acusados figuran el senador Enrique Inzunza Cázares, el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega. También están incluidos el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra y mandos policiales como Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.
La acusación del fiscal estadounidense Jay Clayton y la agencia DEA señala que Rocha Moya llegó a la gubernatura con apoyo de Iván Archivaldo, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, líderes de Los Chapitos. El documento detalla que en múltiples reuniones, custodiadas por sicarios armados con ametralladoras, Rocha prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cártel. Desde su elección, permitió que el grupo colocara funcionarios y jefes policiacos corruptos en puestos de poder de la entidad.
Los demás acusados recibieron sobornos de Los Chapitos. Según una narconómina presentada como prueba, Dámaso Castro Saavedra recibía diez mil dólares mensuales. Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras, dieciséis mil dólares cada uno. José Antonio Dionisio Hipólito percibía cinco mil dólares mensuales, mientras que Juan Valenzuela recibía mil seiscientos dólares. El exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida aceptó más de cien mil dólares mensuales en efectivo entre 2023 y 2024 a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas.
